La historia energética de Argentina dio un giro de 180 grados con la sanción de la Ley 27.191. Esta legislación no fue simplemente una declaración de buenas intenciones, sino el pilar fundamental que estableció metas claras, obligaciones concretas y mecanismos de mercado para impulsar de manera decisiva la incorporación de fuentes renovables en la matriz eléctrica nacional. Marcó un antes y un después, construyendo sobre los cimientos de su predecesora, la Ley 26.190, para pasar de la aspiración a la acción y desatar una verdadera ola de inversiones en proyectos de energía limpia en todo el territorio.
Para comprender la magnitud del cambio que introdujo la Ley 27.191, es esencial mirar a su antecesora. La Ley 26.190, sancionada en 2006, fue el primer paso formal del país en esta dirección. Su objeto principal era declarar de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Fue una ley fundacional que puso el tema en la agenda pública y gubernamental, promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, carecía de metas obligatorias y de los instrumentos financieros y regulatorios necesarios para atraer inversiones a gran escala, lo que limitó su impacto práctico.
La Ley 27.191, promulgada en 2015, modificó y fortaleció drásticamente ese marco. Su gran aporte fue establecer objetivos cuantitativos y vinculantes para todos los consumidores de energía del país. La meta más ambiciosa y conocida es la de alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional a partir de fuentes renovables para el 31 de diciembre de 2025, con metas intermedias y progresivas. Además, estableció la obligación para los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (aquellos con demandas de potencia iguales o superiores a 300 kW) de cumplir individualmente con estas metas, ya sea a través de la autogeneración, la compra de energía renovable a generadores o la participación en compras conjuntas.
Con la ley en mano, el desafío era cómo materializar esas metas. La respuesta fue el Programa RenovAr, una serie de licitaciones públicas nacionales e internacionales diseñadas para adjudicar contratos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo (generalmente 20 años) para nuevos proyectos de generación renovable. Este programa se convirtió en el principal catalizador de la inversión, brindando la seguridad jurídica y la previsibilidad económica que el sector necesitaba.
El éxito fue casi inmediato. En 2016 se lanzaron las dos primeras rondas, que demostraron el enorme interés de los inversores:
En conjunto, solo en 2016, a través de estas dos rondas, Argentina aseguró la construcción de casi 2.500 MW de nueva potencia renovable, un hito sin precedentes para el país.
El impulso continuó en 2017 con nuevas convocatorias que buscaron seguir ampliando la participación de las renovables:
Para visualizar mejor el impacto y la escala del programa, la siguiente tabla resume los resultados de las rondas mencionadas:
| Ronda | Año | Potencia Adjudicada (MW) | Tecnologías Principales |
|---|---|---|---|
| RenovAr 1 | 2016 | 1.142 | Eólica y Solar Fotovoltaica |
| RenovAr 1.5 | 2016 | 1.281 | Eólica y Solar Fotovoltaica |
| RenovAr 2.0 | 2017 | ~1.200 (objetivo) | Eólica, Solar, Biomasa, Biogás |
| RenovAr 2.5 | 2017 | 634 | Diversas tecnologías renovables |
A continuación, resolvemos algunas de las dudas más comunes sobre esta importante legislación.
El objetivo central es diversificar la matriz energética de Argentina, estableciendo la meta obligatoria de que el 20% del consumo eléctrico nacional provenga de fuentes de energía renovables para finales del año 2025.
La Ley 26.190 fue una declaración de “interés nacional” que sentó las bases, pero sin metas obligatorias. La Ley 27.191 la modificó para establecer objetivos cuantitativos y vinculantes, creando un régimen de fomento con obligaciones claras para los consumidores, especialmente para los Grandes Usuarios, y mecanismos de mercado como el Programa RenovAr para garantizar su cumplimiento.
El Programa RenovAr consistió en una serie de rondas de licitación que se llevaron a cabo principalmente entre 2016 y 2018. Si bien no se han lanzado nuevas rondas bajo ese mismo formato en los últimos años, el marco de la Ley 27.191 sigue vigente, y se han explorado otros mecanismos como el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), donde los Grandes Usuarios negocian directamente con los generadores.
La ley contempla un amplio espectro de fuentes de energía renovable, incluyendo la energía eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, biogás y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (hasta 50 MW de potencia).
La Ley 27.191 y su brazo ejecutor, el Programa RenovAr, fueron indiscutiblemente los instrumentos que permitieron el despegue a gran escala de las energías renovables en Argentina. Lograron atraer miles de millones de dólares en inversión, crearon una nueva industria con miles de puestos de trabajo y pusieron al país en un camino más sostenible y diversificado en términos energéticos. Aunque los desafíos persisten, especialmente en lo que respecta a la infraestructura de transporte eléctrico, el marco legal establecido por esta ley sentó las bases para un futuro donde el sol y el viento tienen un papel protagónico en el desarrollo de Argentina.
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